China y los mares distantes

Autoras: Kiara Guerra y Paulina Garzón

En 1985, cuando China incursionó por primera vez en la pesca en aguas distantes, contaba con tan solo 13 buques. Desde entonces, mucho ha cambiado. Por un lado, China se ha convertido en el primer productor y exportador de pescado; y por otro, su demanda interna ha crecido mucho debido a un gran apetito por frutos del mar de su creciente clase media. Estos dos factores han resultado en el agotamiento de los mares chinos, y ha motivado a empresas chinas a incursionar en otras aguas. Hoy en día, la flota pesquera china de aguas distantes es la más grande del mundo y cuenta con más de 3.000 embarcaciones, en gran parte gracias a que el gobierno chino ha apoyado a las empresas pesqueras a través de exenciones fiscales, subsidios de combustible y subsidios para la construcción de buques.

En los últimos años, barcos pesqueros chinos han protagonizado varios incidentes en aguas distantes en todo el mundo, América Latina no ha sido la excepción. Algunos de estos incidentes inclusive han afectado zonas protegidas como las Islas Galápagos, consideradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. En 2017, las autoridades ecuatorianas detuvieron al barco Fu Yuang Yu Leng 999 con 300 toneladas de pescado (incluidos tiburones) obtenidas ilegalmente en estas Islas. De nuevo, en junio de 2020, una flota de cerca de 260 barcos chinos pescaban calamar gigante en los límites de la zona económica exclusiva (ZEE) de las Islas Galápagos. Estas experiencias pusieron en alerta a funcionarios del gobierno y a los científicos ecuatorianos sobre la ausencia de normas y medidas en el país -y en China- que sirvan, tanto realizar una efectiva vigilancia de las actividades de las flotas pesqueras chinas, como para asegurar una debida protección y conservación de los ecosistemas marinos. Esta historia se ha repetido varias veces en las ZEE de Perú, Argentina y Chile, lo cual ha resultado en la violación de principios soberanos relacionados a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos marinos establecidos en la Convención del Mar (Convemar) de Naciones Unidas.

Sin duda, todos los Estados están obligados a asegurar la protección de los mares, pero es claro también que lo que China haga -o deje de hacer- tendrá un gran impacto global, pues este país es el primer exportador de productos del mar, tiene la flota de pesca en aguas distantes y la demanda interna más grandes del planeta. Así, es esperanzador el hecho de que las autoridades chinas hayan iniciado procesos de actualización y creación de normativas que contribuyen a mejorar la supervisión de las operaciones de su flota en aguas distantes; como por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, cartera de Estado encargada de la administración y regulación del sector pesquero del país, está liderando la revisión a la Ley de Pesca, en cuyo borrador se agregaron sanciones severas y explícitas a las embarcaciones que realicen pesca ilegal, como la confiscación de equipos y multas significativas. Además, se han hecho cambios importantes y se han promulgado normativas significativas que entraron en vigencia en 2020 y otras que se harán efectivas en 2021, como por ejemplo las Regulaciones de Manejo de Pesca en Aguas Distantes; las nuevas Medidas de Manejo para la Pesca de Calamar en Alta Mar; una nueva Regla para el Transbordo en Alta Mar y nuevas Medidas Administrativas del Sistema de Monitoreo de Buques. Consideramos importante que las autoridades nacionales se familiaricen con estas nuevas leyes y hagan uso, por lo menos a nivel diplomático, de las provisiones que prohíben la pesca ilegal china en aguas distantes. En el plano internacional, debemos recordar que China no sólo es miembro de la Convemar, sino que éste pasado agosto un diplomático chino fue elegido como miembro del Tribunal Internacional de los Derechos del Mar.

Ahora, el desafío más grande es que las autoridades chinas logren implementar efectivamente las normativas vigentes, y que coordinen acciones urgentes y efectivas con los países sudamericanos, pues lo que está en juego es la sobrevivencia de los ecosistemas marinos y el derecho de las futuras generaciones a conocer y gozar de océanos vivos.

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